La independencia del INE, en riesgo por el futuro índice del alquiler.
Podría no reflejar adecuadamente la realidad del mercado del alquiler.
La Ley de Vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados la semana pasada no solo producirá efectos adversos e indeseados en los precios y la oferta de vivienda, sino que también tendrá repercusiones en el plano institucional. Es una de las últimas advertencias lanzadas por Esade, que considera «preocupante» que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sea el encargado de definir el nuevo índice de precios del alquiler en 2025, ya que esto «podría poner en riesgo su autonomía e independencia».
Desde la institución explican que dado que el INE es una entidad gubernamental, el Ejecutivo podría intentar influir en la definición del indicador. «Existe el riesgo no despreciable de politizar una institución como el INE, que se vería sometido a la tensión política de tener que definir la fórmula de la que beberían las Administraciones para regular el alquiler», señala el informe Lo que servirá y lo que no de la nueva política de vivienda para mejorar el acceso al alquiler.
En concreto, la ley de Vivienda limita al 2% el incremento de los alquileres en 2023, mientras que en 2024 lo sitúa en el 3%. A partir de entonces, el INE elaborará un nuevo índice de referencia que se aplicará en lugar del IPC.
En términos generales, considera que el control de precios «podría resultar contraproducente» por sus efectos no deseados. Cita, entre ellos, la reducción de la oferta y el aumento de los alquileres de menor precio en las zonas tensionadas. Además, la ley podría generar injusticias redistributivas.
Efectividad limitada
El centro de estudio de políticas económicas de Esade también advierte de lo difícil que será aplicar la ley de vivienda. Considera que será un reto administrativo importante en varios aspectos, lo que puede limitar su efectividad a medio y largo plazo. En primer lugar, explica que se tiene que crear una nueva categorización de propietarios para identificar a aquellos que poseen cinco o más propiedades, lo que será «costoso en términos de recursos. Además, considera que los incentivos para ocultar la propiedad o dividirla en estructuras societarias son altos, lo que dificulta el monitoreo constante.
En segundo lugar, cada comunidad autónoma decidirá si implementa o no los controles y en qué área lo hace, lo que podría estar influenciado por criterios políticos y generar distorsiones respecto al objetivo de la ley.
Objetivo «imposible»
En cuanto a la vivienda pública, el centro cuestiona el ritmo propuesto por el Gobierno de alcanzar el 20% del parque público en 20 años, algo que consideran difícil de imaginar. En España hay 26 millones de casas, de las cuales 290.000 son titularidad pública destinada al alquiler. Según sus estimaciones, para que el Ejecutivo cumpliera su meta deberían levantarse cada año tantas viviendas como ya hay construidas.
«Esta condición solo sería válida si todas las viviendas añadidas al parque español en las próximas dos décadas fueran públicas, algo que no va a suceder en la medida en que seguirá existiendo un mercado de vivienda privado. Para que la proporción pase al 20%, por tanto, al menos 9 de cada 10 viviendas sumadas deberían ser públicas. Algo que se antoja improbable»
Lorena Torío/eleconomista.es
