Ayuso ahorrará 600 millones con la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid.
El Gobierno regional defiende que es un proyecto rentable para las constructoras.
El BEI puede financiar hasta el 50% de los 507 millones que cuesta el plan.
Estará terminada y operativa a finales de 2026 o principios de 2027.
El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid avanza firme y rompe con 18 años de bloqueo y dos intentos fallidos desde que se lanzara por primera vez este mega desarrollo en 2004.
«Esperamos poder proceder a la adjudicación de la licitación para la construcción en torno al mes de febrero y calculamos que estará terminada y operativa a finales de 2026 o principios de 2027», concreta Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid en una entrevista para elEconomista.es. A partir de ese momento comienza el plazo de concesión por 40 años que se divide en un año para la redacción del proyecto de construcción, tres para la construcción y 36 años de explotación y mantenimiento.
El presupuesto para las obras del proyecto asciende a 507 millones de euros, una cifra que según apuntaron fuentes del sector a este medio es «escasa y provoca que la rentabilidad asociada sea insuficiente, lo que podría entorpecer el acceso a financiación». Sin embargo, el consejero de Justicia asegura que «la inversión para levantar la Ciudad de la Justicia es rentable y viable. Hemos sido conservadores con nuestras estimaciones y creemos que la TIR que consigan puede estar incluso por encima de lo que hemos calculado».
Según ha podido saber elEconomisa.es, para solventar dudas se llevará a cabo una reunión técnica profesional en la sede de la consejería de Presidencia el próximo miércoles 28 para los concurrentes interesados.
Frente a las críticas del sector, López aclara que el proyecto y el canon que deben abonar a las empresas licitadoras «estará sometido a unos criterios de revisión».
Los pliegos de la licitación también contemplan una revisión «si hay un aumento de planta judicial o cambios legislativos».
«A partir del octavo año se podrá revisar el canon cuando se produzcan aumentos en tres conceptos: los suministros, el mantenimiento de los edificios y el coste de personal. Estos costes son el 20% del canon y estarán siempre limitados a aumentos que no pueden superar el 2,5%», explica el consejero, que destaca que esto facilita que «la administración tenga una situación de cierta seguridad, pero también el licitador tenga posibilidad de revisión al alza».
Por otro lado, los pliegos de la licitación también contemplan una revisión «si hay un aumento de planta judicial o cambios legislativos que provoquen aumentos de costes.» Además, recuerda que «está previsto que el Gobierno de España extienda la posibilidad de revisar el aumento de los costes de construcción en los contratos de obra a las concesiones mediante un Real Decreto-ley. Si no es con este Gobierno espero que sea con el siguiente», apunta.
«A día de hoy puede parecer que estamos en una situación de inestabilidad económica, pero nosotros creemos que esto es totalmente coyuntural. Esto se superará si los políticos europeos aciertan en sus decisiones. En España, además, estamos convencidos que en unos meses habrá un cambio de Gobierno y será Alberto Nuñez Feijóo quien será presidente de España y será capaz de dar un giro a la situación».
Financiación externa e interna
Otro factor que «hace viable el proyecto» es «la flexibilidad en las fórmulas de financiación», ya que «a diferencia de los proyectos anteriores, hemos ampliado más allá del préstamo y ahora el licitador puede acudir a muchas fórmulas de financiación externa como subvenciones, créditos, fondos, sociedades de capital riesgo o leasing. De hecho, se prevé que la aportación de fondos externos será del 100%».
«El marco que se establece para la devolución de esta aportación está en torno a un abono de un interés de un 5% anual a devolver en esos 40 años», apunta López, que por otro lado resalta que, «es un espaldarazo muy importante que el BEI esté dispuesto a financiar hasta el 50% del coste del proyecto de construcción».
Los licitadores podrán además «acudir a fuentes de financiación interna, dado que la explotación de los usos asociados del proyecto ubicados en los bajos de los inmuebles como oficinas bancarias, zona comercial, farmacias, guardarías, gimnasios o un parking con unas 4.900 plazas, van a generar ingresos recurrentes».
En este sentido, el consejero asegura que además están en conversaciones con el Ayuntamiento para «conseguir una flexibilidad en la edificación con posibilidades de aumentar de edificabilidad si fuera necesario, ya que creemos que Valdebebas es una zona con mucho potencial de crecimiento y por estas instalaciones van a pasar de media más 30.000 personas al día».
